• El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) echa de menos una partida específica para regular y atender la atención temprana, una mayor dotación al empleo de las personas con discapacidad y una financiación adecuada para la formación para el empleo, entre otras cosas.

4 de noviembre de 2021. Coincidiendo con el debate en el Congreso de los Diputados del Proyecto del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ruega a las formaciones políticas unanimidad, para sacar adelante unos presupuestos que contemplen todas las necesidades de las personas con discapacidad, mayores y/o en situación de dependencia.

Tras la presentación del proyecto de ley el pasado 7 de octubre, el CEDDD ha hecho números y no le salen las cuentas. Por ello, pide a los grupos parlamentarios que sumen esfuerzos y pacten todas las enmiendas que sean necesarias para que los apoyos que necesitan los colectivos citados se vean reflejados en los presupuestos de 2022.

En primer lugar, el movimiento de la discapacidad representado por el CEDDD lamenta profundamente que no haya dotación específica en este proyecto de ley para la atención temprana, debido a la ausencia de una ley estatal que garantice y armonice los mismos derechos a los niños con discapacidad en todo el territorio nacional.

Además, en el ámbito de la educación, el incremento de los conciertos en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 es insuficiente. El Proyecto de Ley de los PGE 2022 contempla una subida del 2% en los módulos de concierto, pero la inflación se ha disparado muy por encima, estando ahora en el 4 %. CEDDD reclama al Gobierno un incremento de la dotación de los módulos económicos que revertirán tanto en mejoras salariales, como la adecuada financiación de los gastos de los centros concertados y centros de educación especial.

Por lo que se refiere al empleo para personas con discapacidad, se prevén recortes en las bonificaciones de la Seguridad Social para la contratación y creación de empleo para los colectivos con mayores dificultades de acceso, entre los que se encuentran las personas con discapacidad. Esa reducción es especialmente significativa en un contexto de recuperación económica, junto a un incremento definitivo del SMI en el último cuatrimestre de 2021 y un incremento más que seguro en 2022. En ese contexto, lamentablemente no habrá fondos suficientes para afrontar las bonificaciones, perjudicando severamente al empleo de las personas con discapacidad en su conjunto y, en particular, a los Centros Especiales de Empleo. Con al menos el 70% de la plantilla formado por personas con discapacidad, estos centros son una de las principales vías de inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral fuentes. Un año más, estas entidades necesitan dotaciones efectivas y finalistas para seguir trabajando para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Relacionado con el empleo, CEDDD también reclama una adecuada financiación de la formación profesional para el empleo, de manera que los recursos no vayan a parar, ya no solo a desempleados, sino a financiar directamente los centros educativos de formación profesional reglada.

Y en cuanto a los servicios de Atención a la Dependencia, se incrementa en un 23,3% el presupuesto destinado para el Programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que alcanzaría la cifra de 2.902 millones de euros, 548 más que los presupuestados para 2021. Sin embargo, desde el CEDDD reclaman la necesaria la equiparación total de aplicación del IVA reducido al 4% para todos los servicios de dependencia, independientemente de quien lo preste, así como situar la dotación presupuestaria a los servicios a la Dependencia en el 2% del PIB

Respecto a los cuidados personales, los denominados Servicios a la Persona o Servicios Domésticos y Personales en el Hogar, se han venido cubriendo mayoritariamente por el entorno familiar o vecinal. Dentro de estos, ha sido un trabajo asumido principalmente por mujeres. Ante esta situación, CEDDD propone la ampliación al modo de prestación a través de cualquier tipo de entidad legalmente constituida y en igualdad de condiciones; prestadores de servicios debidamente autorizados para realizar la actividad y que presten los servicios a los particulares. El mayor freno a este sector, destinado en base a las tendencias demográficas a un gran crecimiento en creación de empleos, lo supone la imposibilidad de los presupuestos familiares para contratar oficialmente el volumen real de las horas que necesitarían para cubrir este apoyo.

Finalmente, CEDDD reclama el necesario reconocimiento de la baja visión como enfermedad, tanto en los casos de patologías, como en aquellos causados por una enfermedad derivada de la vejez que incapacite a la persona en términos visuales y/u otras derivadas de la propia discapacidad visual. Dicho reconocimiento permitiría acceder a las personas que la padecen a la dotación presupuestaria y finalista correspondiente.

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