El Consejo español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) examinado el Proyecto de Ley para los Presupuestos Generales del Estado 2022 (PGE 2022) presentado el pasado 7 de octubre, formula las siguientes propuestas:

Atención Temprana:

No hay dotación específica desde los presupuestos generales del Estado por dos razones:

  1. Porque no hay ley estatal. Por lo que la eventual dotación a Atención Temprana será desde CCAA. Volvemos al desequilibrio y el objetivo es reclamar de forma prioritaria lo que se lleva tanto tiempo sin hacer que es la Ley Estatal de Atención Temprana que regule y harmonice así como sea dotada presupuestariamente y de forma finalista para todos.. Asimismo, es necesario aumentar las ayudas en niños mayores de 6 años que presentan patologías.
  2. Y la cantidad no especificada que va a llegar para atención temprana va a ser desde Europa a través del Plan de Resiliencias europeo.

Educación para los niños con discapacidad:

El incremento de los conciertos en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 es insuficiente. El Proyecto de Ley de los PGE 2022 contempla una subida del 2% en los módulos de concierto, pero la inflación se ha disparado muy por encima, estamos ahora en el 4 %.

Ahonda el déficit estructural de los conciertos y compromete severamente a los colegios concertados de educación especial para los alumnos con discapacidad.

Además, el personal no docente y el personal complementario de educación especial son de cargo directo y no en pago delegado.7

Así pues:

  • La medida supondrá una pérdida de poder adquisitivo del 1,1% para los trabajadores docentes y no docentes de los centros educativos concertados que se suma a las acumuladas en años anteriores. En el año 2021 todas las partidas subieron el 0,9% mientras que el IPC se estimado por el propio Gobierno que terminará, a 31 de diciembre de este año, en torno al 2,2%. Por lo tanto, “este año los trabajadores tendremos una nueva pérdida de poder adquisitivo en torno a un 1,1% que se suma a las pérdidas acumuladas en años anteriores. Esta denuncia de la insuficiencia de la subida de los módulos de concierto educativo incluye los centros de educación especial y los profesionales que trabajan en los mismos para la educación de los niños con discapacidad mediante la adecuada atención de sus necesidades educativas.
  • Incrementará, además, las diferencias salariales existentes entre los profesionales de la concertada y sus homólogos de la pública.
  • Por ello se reclama al Gobierno un incremento de la dotación de los módulos económicos que revertirán tanto en mejoras salariales, como la adecuada financiación de los gastos de los centros concertados y centros de educación especial.
  • CEDDD solicita también la participación de las organizaciones sindicales y patronales, en la determinación del coste real del puesto escolar.

Empleo para las personas con discapacidad

  • En el documento de Fomento de Empleo que comprende las denominadas Políticas Activas de Empleo se contienen las referencias en los PGE 2022 a las Políticas Activas, no se desglosa mucho y parece que aumentan, pero si se tienen en cuenta la posible recuperación (aumento de trabajadores), los aumentos del SMI (base del cálculo de las subvenciones) y se toma como base de comparación 2020 –con datos de retroceso vs. crecimientos del 8% de otras anualidades-, es evidente que el aumento presupuestario podría resultar insuficiente para cubrir las ayudas correspondientes en 2022 al empleo protegido representado por los Centros Especiales de Empleo. En concreto se formulan unas alegaciones con motivo del incremento del SMI, por las que denunciamos un error de base en los cálculos de las ayudas (al tomar como referencia datos de 2020, sin tener en cuenta la aclamada recuperación).
  • Por otro lado, debemos esperar recortes en las bonificaciones en la Seguridad Social. Por un lado parece que no se recogen en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del SMI el impacto económico que el aumento de 2021 supondrá en cuanto al incremento de gastos o al inferior crecimiento de los ingresos para la Seguridad Social, por razón de aquellas bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social cuyo importe viene señalado por una proporción sobre tales cuotas (100%, 70%, etc…). El aumento del Salario Mínimo Interprofesional determinará un incremento de las cuotas y de las bonificaciones aparejadas, con el consiguiente incremento en el gasto público o el menor crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social. Obviar esta negativa consecuencia no puede servir de excusa para una revisión a la baja de las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social de las personas trabajadoras con discapacidad, de forma que finalmente se repercuta a los beneficiarios de las mismas el incremento de tales bonificaciones vinculado al aumento del SMI, tal y como parece anticiparse en Proyecto Normativo que ya ha sido sometido a consulta pública previa. (Consulta pública previa a la elaboración de un anteproyecto de ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable financiadas con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social https://expinterweb.mites.gob.es/participa/listado/download/3c4a2f58-c005-406c-8193-b554407027df ).

El indicado texto del Anteproyecto de Ley señala que en 2020 el gasto de las bonificaciones de cuotas que son soportadas con cargo al Presupuesto de Gastos del Servicio Público de Empleo Estatal ascendió a 1.821,6 millones de euros. Y, entre las medidas que señalan, se prevé rediseñar los objetivos del gasto relativo a las personas con discapacidad “que suponen el mayor gasto en bonificaciones” poniendo el foco principalmente en los colectivos con especiales dificultades. Esto evidencia que de alguna forma se prevé que el resto del colectivo de personas con discapacidad se vea perjudicado, con una revisión a la baja de sus bonificaciones, repercutiendo así al empresario los gastos adicionales vinculados a las bonificaciones cuyo importe aumenta al incrementarse el SMI.

Pues bien, los PGE de 2022, vienen a confirmar esa decisión. En los mismos se afirma “Se dotan 1.798 millones de euros para bonificaciones para la contratación. Con ello se busca favorecer la creación de empleo de los colectivos con mayores dificultades de acceso, entre los que se encuentran las víctimas de violencia de género, los jóvenes y los mayores de 45 años o las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.” Y hacen las estimaciones en función del nº de contratos bonificados lo cual dificulta cualquier estimación de importes. En su conjunto la cifra recogida en los presupuestos generales supone una reducción de 23,6 millones de euros respecto al gasto que se señala en el texto del anteproyecto de Ley.

Esa reducción es especialmente significativa en un contexto de recuperación económica (incremento de contrataciones y de ayudas respecto al año 2020), un incremento definitivo del SMI en el último cuatrimestre de 2021 y un incremento más que seguro en 2022, con el consiguiente aumento de las bases de cotización y de las bonificaciones correspondientes. En ese contexto, lamentablemente no habrá fondos suficientes para afrontar las bonificaciones (están en una partida presupuestaria que no es objeto de ajuste) y la anunciada revisión en los términos propuestos perjudicará severamente al empleo de las personas con discapacidad en su conjunto, y, en particular, al empleo de las mismas en Centros Especiales de Empleo.

Servicios de Atención a la Dependencia:

Se incrementa en un 23,3% el presupuesto destinado para el Programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que alcanzaría la cifra de 2.902 millones de euros, 548 más que los presupuestados para 2021.

En primer lugar, se ha aumentado un 22,9% el nivel mínimo alcanzándose en 2022 la cifra de 2.146 millones de euros. Esta mayor dotación, 400 millones de euros, tiene por objeto, por un lado, atender al crecimiento de los beneficiarios y, por otro, incrementar las cuantías de cada grado de dependencia a los importes siguientes:

  • Para el Grado III (Gran dependencia) se pasaría de 235 euros al mes a 250.
  • Para el Grado II (Dependencia severa), de 94 a 125 euros.
  • Para el Grado I (Dependencia moderada), de 60 a 67 euros mensuales.

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